Si la conocen le temen, si no la conocen también le temen. Fue la protagonista absoluta de la intención de Jura de Diputados desde temprano. Aplaudida por todos, respetada, seguida y escuchada.

Graciela Camaño, mujer del polémico (y volátil) Luis Barrionuevo, es conocida por su experiencia en la negociación de leyes y del reglamento legislativo en una Cámara baja a la que ingresó durante el gobierno de Carlos Menem.

Camaño fue oficialista con Menem, con Eduardo Duhalde y con Néstor Kirchner (hasta ahora).

“Tiene capacidad de frenarte una ley por las alianzas que maneja”, dicen algunos sus pares -oficialistas y opositores-. Cuando estalló la guerra entre duhaldistas y kirchneristas, ella se convirtió en el sostén del contrariado jefe de la bancada del PJ, José María Díaz Bancalari, negociador fallido a favor del duhaldismo.

Camaño articula vínculos con la CGT (el mundo ‘de los gordos’) y el peronismo bonaerense.

El jefe de una bancada opositora en Diputados resumióí: “No es que le tenga temor, pero si digo abiertamente lo que pienso de ella, no apruebo más una ley”.

Camaño mutó de duhaldista crítica a satélite del planeta K cuando votó a favor del Frente para la Victoria la polémica ley del Consejo de la Magistratura, aunque luego votó en contra de la Resolución 125.

Un dirigente de alto perfil dentro del PJ bonaerense definió así el funcionamiento del matrimonio: “Se trata de una sociedad conyugal en la que ella aporta la materia gris y Barrionuevo la operatividad”.

Quienes la critican argumentan que siempre se movió con la lógica del sindicalismo vandorista: define sus posiciones allí donde el poder calienta.

Ella discrepa: “Quienes dicen eso, no me conocen. Hay muchas leyes con las que no estuve de acuerdo, y no las voté o me abstuve. Siendo secretaria parlamentaria del bloque (del PJ), no voté los superpoderes, por ejemplo. Ni tampoco la privatización de YPF o de las jubilaciones, durante el gobierno de Menem”, dice, a la defensiva.

Camaño cree que Menem usó a los sindicalistas y eso es algo que le factura a Barrionuevo, según cuentan amigos de la pareja. Argumenta que el menemismo, en los hechos, recortó el poder de los sindicatos: mientras que en 1983 los gremios tenían 37 bancas en Diputados, hoy sobran los dedos de una mano para contar esa representación en la que, obviamente, se incluye.

“Quizá la sociedad me cataloga por el accionar de mi marido, pero el hecho de que Barrionuevo haya adherido tan fervorosamente al proyecto menemista no es un problema mío. Nunca frecuenté los despachos del Ejecutivo en la época del Menem alto, rubio y de ojos azules, ni tampoco lo hago ahora”, se defiende.

Eduardo Duhalde nombró a Camaño al frente del Ministerio de Trabajo buscando respaldo legislativo en la negociación con el Fondo Monetario.

Desde esa cartera Camaño también administró los planes Jefas y Jefes de Hogar, herramienta clave en la crisis de 2002. También dependían de ella la Superintendencia de las AFJP, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) y una porción del Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami).

Precisamente, los rumores políticos y las investigaciones periodísticas siempre vincularon a Barrionuevo con proveedores de la obra social de los jubilados.

Durante su gestión, Camaño llevó ‘la ley de cupo’ (femenino) a los sindicatos.

Una de esas tardes ‘calientes’ (piqueteros, fábricas ocupadas, etc.), estaban sentados a su mesa negociadora Hugo Moyano y cierto empresario del transporte cuando el camionero se enfureció, y le arrojó una trompada a su interlocutor.

“Moyano, vos a mí no me haces esto -lo paró Camaño-. O te comportás, o te retirás”. Y Moyano cedió.

Con el proyecto de Ley de Medios, Camaño se alejó del kirchnerismo y en reunión de comisión en Diputados, le gritaron: “¡Andá a buscar el cheque a Clarín!” (un joven asesor de la diputada Victoria Donda); y ella respondió: “Al que me dijo esa barbaridad, que me lo diga en la cara”.

Al anticipar su voto negativo, ella dijo: “Nos merecemos una discusión tranquila y en paz, sin aprietes de nadie, ni del sector económico ni del Gobierno”.

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