Bergara:Esclavo de sus silencios

En su declaración ante el juez federal de Quilmes y en las ruedas de reconocimiento, Leonardo Bergara no aportó demasiados datos a la investigación del secuestro extorsivo por el que estuvo 33 días cautivo. Su silencio puede tener más de una razón. El hecho de saber que su vida sigue en riesgo, atada a una cruda interna policial, parece motivo suficiente. Porque más allá de cómo continúe el caso, en el tiempo en que Bergara estuvo secuestrado, algunos efectivos lo buscaron y otros, en cambio, pudieron ser sus captores. Todos ellos, miembros de la misma policía Bonaerense, ese eterno cuchillo de doble filo que no reconoce dueños.

“Yo se lo dije a Daniel en una reunión que tuvimos antes de que asumiera: hay una sola manera de manejar a la Bonaerense, hay que tenerlos cagando, porque cuando les aflojaste, te arman todo de nuevo, vuelven a montar el sistema de recaudación, liberan zonas, te secuestran personas. Pero él compró otra receta, una equivocada y peligrosa”.

Quien habla es un ex funcionario de alto rango de la provincia de Buenos Aires, que conoce de cerca a los uniformados, su manera de condicionar al poder político, su forma de resolver las cuentas pendientes y su rechazo ante cualquier intromisión en los asuntos de una institución que consideran propia. “Sentarse a la mesa de la Bonaerense es perder. No podés pactar con ellos”, sentencia.

Lejos de cualquier enfrentamiento, el gobernador Daniel Scioli y su ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, escogieron el camino de las concesiones. Ya sea por convicción o por conveniencia, hicieron todo lo posible por congraciarse con los jefes uniformados, por mantener el buen humor en las filas de los Patanegra. Y lo siguen haciendo, incluso después de que el caso Bergara dejara al descubierto el dark side de la Bonaerense y le devolviera su estatus de poder autónomo: una suerte de mini Estado en el que más de 50.000 hombres armados cultivan un estilo de vida propio, para el cual el delito es una actividad que puede ser “administrada”, donde la seguridad se pacta y las internas se resuelven en la tapa de los diarios. O en los zanjones.

En este sentido, las confusas circunstancias que rodean al secuestro de Bergara –y su silencio– pueden ser leídas desde la óptica de un choque que viene creciendo entre dos facciones de la policía de Quilmes: el área de Seguridad, que tiene el manejo del territorio, y el de Investigaciones, que lleva la logística de los operativos y reporta directamente a las autoridades de La Plata.
Las hostilidades habrían estallado en noviembre último, tras el secuestro de 94 ladrillos de marihuana y cinco de cocaína. Una de esas guerras santas por las que, cada tanto y con brutalidad, la Bonaerense se purga a sí misma, en una escalada de desenlace incierto.

Al cierre de esta edición, Veintitrés pudo saber que el jefe de la Bonaerense, el superintendente Daniel Salcedo, habría intentado dar un paso al costado, luego de que uno de los imputados mencionara ante el juez el nombre de uno de sus subordinados inmediatos (ver recuadro). Hace tiempo que la figura de Salcedo se viene desgastando, pero Scioli y Stornelli parecen necesitarlo. “Es el peor momento para irte. Una cosa es la policía y otra la política”, le habrían dicho.Narcos. Cuarenta y dos días antes de que Bergara fuera secuestrado por un grupo de hombres que simulaba ser de la policía, varios de los agentes que son investigados por el juez Luís Armella y la fiscal Silvia Cavallo participaron de un exitoso operativo antidrogas en la localidad de Berazategui. Casi como si se tratara de una maldición a medida.

El 10 de noviembre, la policía distrital de la zona, a cargo del inspector Roque Alberto Luján, detuvo a un hombre a quien se le secuestraron 100 kilos de picadura de marihuana –distribuida en 94 panes– y casi seis kilos de clorhidrato de cocaína, empaquetados en cinco ladrillos. El operativo, derivación de otro realizado en mayo pasado, tuvo lugar en Quilmes Oeste y, además de Luján, participaron el capitán Juan Vicente Cardozo, jefe del Gabinete de Prevención Criminológico de la distrital Berazategui.

En los meses previos, Luján, Cardozo y sus subordinados fueron protagonistas de una exitosa seguidilla de operativos de este tipo, desbaratando a células de narcos dedicados al tráfico de estupefacientes. Además del golpe del 10 de noviembre, hubo otro operativo importante el 30 de octubre. En la mayoría de estos hechos, Luján y Cardozo contaron con la asistencia de uno de sus hombres de confianza, el teniente Ariel Víctor Vega. También supo participar Jorge López, un oficial llegado desde la comisaria de El Pato.

Estos mismos hombres luego aparecerían en las escuchas telefónicas y otras pruebas recolectadas por el juez Armella y la fiscal Cavallo, sospechados de haber participado en el secuestro de Bergara. En el caso de Luján, ni bien crecieron los rumores sobre el renacimiento veraniego de la Maldita, fue apartado de su cargo en Berazategui y recaló como jefe de turno en la Departamental de Quilmes. En cuanto a Cardozo, las balas le picaron más cerca: estuvo procesado y detenido, pero a los pocos días fue dejado en libertad por falta de mérito. El 30 de diciembre se detectó que un celular que estaba a su nombre había recibido un llamado desde unos de los teléfonos empleados por los secuestradores. Cardozo se excusó diciendo que en realidad ese aparato era utilizado por uno de sus subalternos: el teniente Vega, que fue procesado y aún está detenido, aunque no por las llamadas sospechosas. Sucede que durante el allanamiento a la quinta en Ranelagh, donde este policía hacía las veces de casero, fueron hallados 6 kilos de marihuana. En un primer momento, Vega intentó justificarse diciendo que esa droga era parte de una investigación en la que trabajaba y que la tenía en su poder para usarla como “señuelo”, pero lo cierto es que nunca pudo explicar qué juez le dio autorización.

Por último, la vinculación del oficial López con el secuestro de Bergara es tan evidente como llamativa. En una casa de su propiedad en la zona rural de El Pato, el empresario fue hallado luego de que su familia pagara 200.000 dólares y joyas como rescate.

El otro agente imputado, teniente Diego Maximiliano Costa, era jefe de calle de la Comisaría 1ra. de Quilmes y fue detenido luego de que una escucha registrara un llamado a su celular donde alguien, sin más, le preguntaba “qué pasó con la comida del chancho”, como en la jerga suele hablarse de los secuestrados.

Los ex. Los otros dos sospechosos también llevan la marca de la gorra en sus cabezas, aunque hace ya un par de años que salieron de la Fuerza. Y no por la puerta grande, sino por la transitada senda de la exoneración. Uno de ellos es el ex cabo Néstor Daniel Ocampo, que hace apenas dos años dejó la cárcel luego de haber cosechado un prontuario de peso: fue acusado de “asociación ilícita, robos reiterados, privación ilegítima de la libertad y adulteración de documentos públicos”. Contra Ocampo, que se desempeñó en Florencio Varela y fue eyectado de la Bonaerense en 1990, la fiscal esgrime una serie de escuchas telefónicas y otros elementos incriminatorios.

El segundo ex oficial implicado es José Luís Pardini, quien permaneció prófugo por varios días, hasta que se entregó en la madrugada del pasado martes 28 de enero. Exactamente después que Scioli mantuviera una reunión con Stornelli donde se decidió postergar cualquier cambio en las filas de la Bonaerense, a pesar de que horas antes el gobernador había amagado con pirotecnia verbal.
Pardini, exonerado en 1991, tendría en su contra lo declarado por otro de los implicados que, ante el juez Armella, habría llegado a señalarlo como un supuesto instigador. Además, los investigadores sospechan que un Renault 9 de su propiedad pudo haber sido empleado por los secuestradores para trasladar a Bergara. Ese vehículo fue hallado en la casa de un hermano de Pardini, que también es policía y que prestaba servicios en la Comisaría 1º de Quilmes –donde Costa era jefe de calle– pero que luego fue convenientemente trasladado a la zona de Ezeiza.

Según informó el propio Scioli, Pardini venía siendo investigado por la justicia quilmeña desde tiempo atrás, tanto que tiene abierta una causa por “amenazas y coacción” contra el propio juez Armella. Por tal razón, el abogado de Pardini, Gabriel Tartaruga, recusó al magistrado. Un párrafo aparte merecen los letrados que defienden a los agentes. Todos ellos muestran estrechos vínculos con la política municipal y los hombres de la vieja Bonaerense (ver recuadro).

Vuelto. La interna policial entre las áreas de Seguridad e Investigaciones tiene larga data en las fuerzas de seguridad de la provincia. Y, como todo en el frío universo de los Patanegra, responde a variables bien concretas: poder y caja. El área de Seguridad es la que lleva el manejo de campo, la que tiene control ejecutivo sobre los operativos y, en consecuencia, un vínculo directo con el Municipio. En el caso de Investigación, en cambio, sus agentes reportan directamente a La Plata y su trato con los intendentes es lejano, si bien tienen poder de fuego para impulsar pericias que dejen en evidencia a sus colegas.

Por su propia naturaleza, entre estas dos alas de la fuerza suelen haber cuentas pendientes, negocios “regenteados” por unos y desbaratados por otros, botines que luego no se distribuyen según manda el manual no escrito que rige en la Bonaerense.

En el caso de los policías salpicados por el secuestro de Bergara, todos responden al área de Seguridad, en una investigación conducida por el comisionado Carlos Alberto Greco, jefe de la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes. Como todos los nombres que aparecen en esta historia, el de Greco no estaría exento de manchas. Conocido como un peso pesado en la fuerza, en 1999 un sobrino suyo estuvo involucrado en un confuso episodio donde un remisero perdió la vida. El joven –por entonces menor de edad– estuvo pocos meses detenido y luego recuperó la libertad. Desde entonces, los padres de la víctima no dejan de denunciar una supuesta connivencia entre la policía y el poder judicial quilmeños.

Para los que foguean la lógica de la interna, las pruebas que mantienen a Vega, López, Costa y Pardini tras las rejas son endebles y resultan extrañas de tan obvias. Es difícil entender cómo un grupo de secuestradores que pudo mantener más de un mes cautivo a un empresario, cometa errores de principiante como recibir llamadas sospechosas en sus celulares –que evidentemente estaban siendo “pinchados”–, dejar grabadas en las escuchas frases obvias, emplear autos a su nombre para trasladarse y liberar a la víctima en la casa de uno de los miembros de la banda. Insólito.

Y hay más datos desconcertantes. Por ejemplo, las direcciones erradas que Greco habría entregado a la fiscal Cavallo cuando ésta buscaba a Vega. En ese informe, los allanamientos se indicaban en calles inexistentes y, en algunos casos, llegaban a replicar los nombres de personas vinculadas a la causa.

“Esto no fue una interna entre dos facciones, pero puede que haya existido un vuelto”, sostiene el superintendente Claudio Fernández, quien hace poco dejó la Departamental de Quilmes para hacerse cargo de la Jefatura Zonal de Oeste. “Podría tratarse de una banda de secuestradores con un delito y dos móviles: ganar plata con el rescate y, de paso, sacar otro provecho”, deslizó Fernández.

Todo puede ser. La estructura de la Bonaerense no resiste demasiadas exigencias. Por citar otro caso de Quilmes, el jefe de la departamental es el comisionado Adrián Cisterna, un hombre que desde la llegada de Salcedo tuvo una segunda chance, luego de que en 2007 cayera en desgracia, justamente por una seguidilla de secuestros. Por entonces, Cisterna estaba al frente de la distrital de Esteban Echevarría, cuando en la zona de Monte Grande se registraron tres secuestros, en uno de los cuales perdió la vida el abogado penalista Cristian Vázquez. Cisterna fue desplazado y mantuvo el perfil bajo hasta que con la asunción de Salcedo primero trepó al segundo puesto de la departamental de La Matanza y, luego, a la de Quilmes. Hace apenas cuatro meses que ocupa elcargo, pero Cardozo y los suyos reportan directamente a él. Y un secuestro vuelve a cruzarse en su camino.

Mano dura. El 23 de enero, Gustavo, el hermano de Leonardo Bergara, pagó el rescate en La Frontera, una remota y exclusiva playa de Pinamar. Dos semanas antes, el ministro Stornelli había estado veraneando cerca de esas mismas arenas, en Cariló. Sentado en una reposera, declaró a la prensa que “este verano es el más seguro de los últimos ocho años”.

Al margen del blef, para algunos ese lugar fue escogido con el fin de enrostrarle al Gobierno provincial el poder de la Bonaerense. Para otros, responde simplemente a que los involucrados conocían bien la zona. Quizás las dos hipótesis se conjuguen. Como sea, el mensaje es claro: no se puede pactar con la Maldita. De hecho, el secuestro de Bergara se concretó a pocos días de que Stornelli decidiera devolverle a la institución sus viejas jerarquías, las mismas que habían sido barridas en la gestión de Arslanián.

Antes, el ministro había dicho que los efectivos necesitaban “más poder de fuego” y Scioli sostuvo la hipótesis plomiza de que la mejor forma de combatir la delincuencia juvenil era bajando la edad de inimputabilidad. Una cruzada en clave de mano dura, que le valió al gobernador un enfrentamiento con el Ejecutivo nacional que, dicho sea de paso, evitó hacer declaraciones sobre este secuestro.

Bergara también calla. Le dijo al juez que no reconoce a sus captores entre los sospechosos y que no sabe dónde estuvo prisionero. Quizás en verdad no lo sepa. O sepa demasiado.

Investigación: Jorge Repiso y Alberto Moya

Fuente: elargentino.com


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