¿Y el futuro? 2 de cada 3 adolescentes no terminan la secundaria a tiempo

Uno de los más severos limitantes para el desarrollo social de las futuras generaciones es la muy baja tasa de graduación de jóvenes en la escuela secundaria.

Por eso es muy positivo que la Asignación Universal por Hijo busque incentivar el estudio entre los jóvenes condicionando el beneficio a la asistencia escolar.

Aunque la idea va en la dirección correcta, y es la que adoptaron muchos países con buenos resultados, resultará insuficiente si no se revisa su diseño y los rudimentarios instrumentos de control que se han adoptado.

Entre las tendencias más modernas en materia de asistencial social aparecen los programas de transferencias condicionadas.

Desde los principales países de América Latina –como Brasil, México, Chile y Colombia– pasando por Sudáfrica e inclusive en Nueva York, se repite la idea de condicionar el apoyo financiero dirigidos a los hogares en estado de vulnerabilidad a que las familias cumplan con determinadas conductas, fundamentalmente controles sanitarios y asistencia escolar de los hijos.

Esto apunta a promover la movilidad social, atacando la tendencia a la reproducción intergeneracional de la pobreza vía mayor educación y salud para los niños y adolescentes.

La Asignación Universal por Hijo aparece como una incorporación tardía de la Argentina en esta tendencia.

Las familias reciben el 80% del monto de la prestación con periodicidad mensual y el 20% restante cuando el titular demuestre, a través de una libreta, que los hijos se inscribieron en la escuela y se cumplió con el plan de vacunación.

Las estadísticas sobre matrícula escolar publicadas por el Ministerio de Educación aportan evidencias de que generar incentivos a favor de la educación, especialmente en el nivel medio, es de importancia estratégica.

En base a esta fuente oficial se puede deducir que:

• De los jóvenes que en el 2003 estaban en lo que hoy es el 1º año de la secundaria, en el 2007 –que es cuando les correspondería graduarse–, menos del 41% se había graduado.

• De los que entraron al 1º año de la secundaria en el 2004, en el 2008 –año teórico de graduación– menos del 34% se graduó.

• De los que entraron en el 2005 al 1º año de la secundaria y, por lo tanto, le correspondía graduarse en el 2009, menos del 33% lo hizo.

Los datos muestran que sólo 1 de cada 3 jóvenes que empieza la secundaria la termina a tiempo. Es más, dado que entre los graduados de cada año no se discrimina a los estudiantes que venían retrasados, el porcentaje de graduación en el tiempo teórico es todavía inferior.

El déficit educativo es muy alto y creciente, y se produce aún cuando en el 2006 se aprobó una nueva ley de educación nacional que, entre otras disposiciones, estipula el piso de financiamiento del 6% de PBI para la educación y la obligatoriedad de la educación secundaria. Semejante fracaso responde a múltiples factores.

Entre otros, el deterioro socioeconómico de los hogares, la pérdida de valores y sentido de la autoridad entre los adolescentes, reglas laborales docentes que estimulan la mediocridad, falta de orientación de la secundaria a las necesidades del mercado de trabajo y fallas pedagógicas.

En este marco, estimular con la asignación por hijo a que las familias pobres mantengan a sus hijos en la secundaria no resuelve los problemas, pero sin dudas va en el sentido correcto.

Sin embargo, para que tenga impactos relevantes, como en otros países tienen los programas de transferencias condicionadas, es fundamental corregir errores de diseño y modernizar los esquemas de gestión.

En la experiencia comparada, el monto del beneficio es mayor para los jóvenes que asisten a la secundaria. Esto se fundamenta en las evidencias de que los riesgos de deserción son mucho más altos.

Para las familias más humildes, el costo de mandar los hijos a la escuela secundaria es alto porque, además de que implica mayores gastos, perciben que los adolescentes pueden ayudar en el hogar generando ingresos trabajando o desarrollando tareas domésticas.

Asimismo, el esquema administrativo elegido para controlar las condicionalidades es muy primitivo. Se espera que cada director de escuela, que no es empleado del gobierno nacional, declare en la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación de cada joven, una vez al año, la matriculación y posteriormente la familia la presente ante la ANSES.
El mecanismo implica una inmensa carga burocrática y múltiples posibilidades de fraude. Además, controla la inscripción, no la asistencia regular ni la promoción del curso.

En otros países se prevén mecanismos permanentes de seguimiento con medios informáticos. Esto es más barato y confiable, y fundamentalmente permite detectar con oportunidad los incumplimientos para advertir a las familias que perderán la asignación –no sólo el 20% como ocurre en la Argentina– si no cambian su conducta.

Fuente:idesa

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