A 80 años de la vergonzosa acordada de la Suprema Corte de Justicia

Un día como hoy pero hace 80 años, el 10 de Septiembre de 1930, se produjo un hecho inédito en la jurisprudencia argentina. La corte suprema de entonces acordó y legalizó el primer golpe de estado acaecido en nuestra república desde la vigencia de la constitución. Semejante aberración jurídica justificando un gobierno de facto fue el inicio de repetidas violaciones de los derechos constitucionales amparados por el silencio y complicidad de muchos civiles, por los poderes económicos de turno, por los intereses foráneos, y por el único poder del estado carente de aval democrático: La justicia. Para ser justos y remitiéndonos al caso puntual que motiva la nota, cabe destacar que en el golpe del 30 hasta el vicepresidente Martínez tuvo participación activa en el derrocamiento, sin olvidarnos de los legisladores que hicieron lo suyo. Como en casi todos los golpes de estado que hemos vivido gran parte de la sociedad e instituciones fueron más que anuentes con los salvadores de turno.

La acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, cuyos componentes fueron: José Figueroa Alcorta, Roberto Repetto, Ricardo Guido Lavalle, Antonio Sagarna y el Procurador General, Horacio Rodríguez Larreta, se refería a la Doctrina de los gobiernos de facto.

“1. Que la susodicha comunicación pone en conocimiento oficial de esta Corte Suprema la constitución de un gobierno provisional, emanado de la revolución triunfante del 6 de Septiembre del corriente año;

2. Que ese gobierno se encuentra en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden de la nación y, por consiguiente, para proteger la libertad, la vida y la propiedad de las personas, y ha declarado además, en actos públicos que mantendrá la supremacía de la constitución y de las leyes del país, en el ejercicio del poder;

3. Que tales antecedentes caracterizan, sin duda, un gobierno de hecho en cuanto a su constitución, y de cuya naturaleza participan los funcionarios que lo integran actualmente o que se designen en lo sucesivo, con todas las consecuencias de la doctrina de facto, respecto de la posibilidad de realizar válidamente los actos necesarios para el cumplimiento de los fines perseguidos por él;

4. Que esta Corte ha declarado, respecto a los funcionarios de hecho, que la doctrina constitucional e internacional se uniforman en el sentido de dar validez a sus actos, cualquiera que pueda ser el vicio o deficiencia de sus nombramientos o de su elección, fundándose en razones de policía y necesidad, con el fin de mantener protegido al público y a los individuos cuyos intereses pueden ser afectados, ya que no les sería posible a estos últimos realizar investigaciones ni discutir la legalidad de las designaciones de funcionarios que se hallan en aparente posesión de sus poderes y funciones;

5. Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y seguridad social;

6. Que ello no obstante, si normalizada la situación, en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto, los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad y otras de las aseguradas por la constitución, la administración de justicia encargada de hacer cumplir ésta las restablecería en las mismas condiciones y en el mismo alcance que lo habría hecho con el ejecutivo de derecho. Y ésta última conclusión, impuesta por la propia organización del poder judicial; se halla confirmada en el caso por las declaraciones del gobierno provisional, que al asumir el cargo se ha apresurado a prestar el juramento de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes fundamentales de la nación.”

La fuerza de esta jurisprudencia, utilizada en futuras oportunidades para justificar las acciones de gobiernos de facto, recién fue discutida en la reforma constitucional de 1994. Tras extensos debates se incorporó a la constitución el primer párrafo del artículo 36 conocido como de “defensa de la democracia o defensa del orden constitucional”, reza lo siguiente:

“Esta Constitución mantendrá su imperio aún cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.”

Volviendo al hecho histórico, que más que un acontecimiento aislado fue y sigue siendo el motivo de nuestras diferencias internas, muestra a las claras dos posturas irredentas en nuestra conformación como nación independiente: El conservadurismo o neo liberalismo extranjerizante, (llamada también derecha capitalista con intereses foráneos), y el Nacionalismo latinoamericanista con profundas raíces autóctonas basadas en las masas populares. No incorporo en la última concepción a la izquierda que lamentablemente casi siempre contribuyó a los intereses capitalistas con sus posturas también autoritarias e impostadas de idiosincrasias extranjeras.

El debate de entonces y en posteriores manifestaciones era y sigue siendo si las masas populares tienen el derecho y autoridad para decidir su destino o si bien algunos elegidos plagiadores de metodologías importadas son los únicos capaces de conducir los destinos de la nación y sus masas ignorantes.

La cuestión es que cualquier atisbo de resurgimiento de las masas es considerado un agravio institucional. Y esto en sí mismo tiene razón de ser.

Nuestra constitución desde su génesis consideró con recelo la participación de la ciudadanía en su conjunto como merecedora de una carta magna. Los padres de la constitución con el mismo Alberdi a la cabeza dudaban de la probidad del pueblo para conducir sus destinos. Sarmiento consideraba que la constitución era afín a los intereses de la sociedad culta y para el pueblo en general sólo bastaba la fuerza de la policía y sus reglamentos estrictos. Los derechos no se concibieron equitativamente sino discriminatoriamente con beneficios para unos y obligaciones y represión para otros.

Los tiempos modernos sólo disfrazaron los designios pasados, haciéndonos creer que tenemos los mismos derechos pueblo y clases dominantes, aunque el velo de la mentira siga cayéndose en cada hecho cotidiano pero seguimos sumidos en un letargo y ensoñación.

Gran contribución a esta ilusión de falsa libertad fueron los instrumentos de comunicación siempre sujetos a intereses ajenos más que al reflejo de una realidad palpable. En el conjunto de fuerzas sociales los extremos tienen en claro sus implacables realidades, sin embargo una gran porción social aferrada a la mediocridad y autodenominada clase media sigue sin encontrar el rumbo que la posicione en algún lugar en este juego de intereses. Sabedora de sus limitaciones siempre encuentra tentador sujetarse al individualismo y la desaprensión social. Tal vez en su inocuo intento de parecerse a las clases dominantes se caricaturizan como tales en su siempre lejano objetivo de poseer lo que nunca tendrán. Hacia esta masa informe ideológicamente conducen sus especulaciones mediáticas los creadores de la información. No es novedoso, allá por los 30 del siglo pasado la prensa destruyó la imagen de un Yrigoyen con escasa reacción y sumido en una pasividad pasmosa.

Para concluir en este recuerdo necesario aun doloroso, es bueno saber que el primer golpe de estado constitucional tenía un interés económico y funcional a las potencias extranjeras. El 6 de Septiembre fue el golpe contra un gobierno constitucional elegido por el pueblo. El 7 de septiembre se debatiría en el senado la ley de nacionalización de hidrocarburos que contaba con media sanción de la cámara baja. Los pronósticos eran favorables a la nacionalización de este fundamental recurso natural. En el nuevo gabinete del usurpador Uriburu tres ministros pertenecían a empresas extranjeras poseedoras de la explotación de petróleo, y seis de los ocho ministros trabajaban para empresas extranjeras. Algo para pensar.

Sergio Boico

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