Como queda la 125

Tras el rechazo del Congreso, es muy probable que la Justicia comience a emitir fallos sobre la inconstitucionalidad de las retenciones fijadas por resolución. Anoche mismo, mientras saltaban, festejaban y vivaban al vicepresidente Julio Cobos, los dirigentes del sector agropecuario empezaban a especular con un llamado del Gobierno para sentarse a negociar una nueva política agropecuaria, pero con una relación de fuerzas invertida respecto a la que había en el nacimiento del conflicto.

Si bien el cálculo recaudatorio realizado por el oficialismo ya había sido agujereado por las concesiones que el oficialismo debió hacer para conseguir la media sanción de Diputados (según los propios testimonios oficiales, la recaudación adicional se estimaba últimamente en 1.200 millones de dólares, menos 800 millones de compensación, lo que dejaba un neto de apenas 400 millones) las cuentas ahora serán más desfavorables, y no sólo en lo fiscal. El campo está, no obstante, obligado a jugar un rol constructivo para no generar un vacío legal que congele el mercado agropecuario y provoque nuevos y más problemas.

Hoy por hoy, las retenciones siguen vigentes con las alícuotas establecidas en la Resolución 125 y modificadas apenas cosméticamente por la Resolución 64. En cambio, el sistema de “compensaciones” ya no rige, con lo que objetivamente el peso fiscal sobre las exportaciones agrícolas es, en este momento, mayor del que sería si se hubiera aprobado el proyecto oficial.

Ese proyecto que impulsaban las autoridades nacionales establecían la retroactividad de las compensaciones, aunque del otro lado le ponía fecha fija de expiración –el 31 de octubre– para apurar las decisiones de venta.

Pero si bien ése es es el fundamento más inmediato para que el campo busque acordar con el Gobierno un estatus diferente del actual, no es el único. El otro es tener referencias ciertas para las decisiones de setiembre/octubre, cuando comience la siembra de soja y girasol.

El peor error del sector agropecuario sería creer que la de anoche fue una victoria “definitiva”. Mario Llambías intentó un gesto de magnanimidad al declarar, al respecto, que la decisión de Cobos significaba “un triunfo para el país”. Anoche mismo, el senador radical Gerardo Morales comenzó a exigir la derogación de la Resolución 125. Al 11 de julio, el sector de oleaginosas y exportadores de cereales agrupado en la Cámara de la Industria Aceitera y en el Centro de Exportadores de Cereales había informado liquidación de divisas de exportación por 12.190 millones de dólares, una cifra bastante superior a la de igual plazo de 2007 e incluso de todo 2006. Ese “milagro” se sustentaba en los altísimos precios internacionales. Un acuerdo entre el campo y el Gobierno podría darle sumarle la fuerza de una producción y comercialización normalizadas.
Sergio Serrichio

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