Cristina sobre la justicia:errores y horrores

Cristina Kirchner buscó quedarse con la última palabra en la discusión por el funcionamiento de la justicia y ayer, durante un acto en la Quinta de Olivos, le contestó a la jueza Carmen Argibay: “Estamos sinceramente ante la necesidad de una justicia más eficaz, que tenga mayor celeridad, que no produzca errores y horrores”. El jueves, Argibay había negado en una conferencia de prensa en Mendoza que la responsabilidad por las demoras en las causas de derechos humanos fuera del Poder Judicial. “Nos han recortado el presupuesto. Si quieren que aceleremos los juicios, primero nombren los jueces que no tenemos”, dijo la magistrada contradiciendo el discurso que dio la Presidenta el domingo pasado.

Los cruces discursivos siguieron durante todo el día. Del lado de la Corte, el juez Carlos Fayt salió públicamente a defender los dichos de Argibay. “Es una jueza absolutamente responsable que da un cuadro de situación que corresponde solucionar a los poderes políticos. Faltan jueces, hay una cantidad de subrogantes que no tienen calidad de jueces”, dijo por la mañana. Sin embargo, a pesar de que decidieron bajar el tono de la discusión, el resto de los magistrados de la Corte comparte la visión de Argibay y así lo demostraron en la resolución que tomaron el último martes convocando a una comisión interpoderes para gestionar la salida al conflicto que representan las causas por delitos de lesa humanidad.

La discusión entre el Gobierno y la Corte salió del ámbito de los derechos humanos y ya abarca todo el funcionamiento de la Justicia. La propia Argibay había dicho el jueves que “todos los juicios deben acelerarse, no sólo a los represores”. En esa línea, Cristina le respondió que “los argentinos necesitamos justicia a secas”, y siguió: “En materia de liberación de detenidos que luego vuelven a cometer delitos y tienen un altísimo grado de peligrosidad, tenemos una responsabilidad de la Justicia, y esto no es echarle la culpa a otro poder. Es que la única que puede juzgar y encarcelar a quienes delinquen en un sistema de división de poderes es la Justicia”. En el mismo discurso coincidió con Argibay en condenar la pena de muerte.

La respuesta oficial no llegó sólo de la boca de Cristina Kirchner. El ministro de Justicia, Aníbal Fernández, habló de causas “chicles” en referencia a la morosidad de los expedientes por delitos de lesa humanidad. Los legisladores oficialistas Diana Conti, Agustín Rossi y Miguel Ángel Pichetto fueron menos sutiles. Conti escribió un comunicado pidiéndole a Argibay que “se calle y trabaje con más ahínco”. Rossi la acusó de hacer una “defensa corporativa”. Y Pichetto defendió el accionar del Congreso: “Sancionamos la ley de subrogancia que evita que ningún juzgado esté sin un magistrado a cargo. De esta manera, todas las causas tienen un juez, sea titular o subrogante”.

En el mismo camino avanzó Aníbal Fernández. Además de la morosidad de las causas, aportó cifras a las acusaciones de Argibay. Dijo que durante 2007 se designaron 29 magistrados y en 2008 Cristina Kirchner subió esa cifra a 137.

El jueves, Argibay también se preguntó: “¿De dónde sacamos jueces para que intervengan si no los nombran? Al respecto agrego que “nosotros no los nombramos, eso se hace a través de un concurso en el Consejo de la Magistratura, que está nominado por representantes políticos que integran la mayoría y luego interviene el Legislativo que debe dar acuerdo y el Ejecutivo que debe designarlos”.

En rigor, el ministro de Justicia obvió recordar que durante 2007 el presidente era Néstor Kirchner, quien retuvo durante su gestión la decisión sobre la gran mayoría de las ternas que elevaba el Consejo de la Magistratura para ir llenando las vacantes en la Justicia.

La información del ministro es dudosa. Según los datos oficiales del Consejo, durante 2008, el Poder Ejecutivo realizó 94 designaciones entre jueces federales y nacionales y todavía hay 141 juzgados vacantes. Para cubrir algunos de esos cargos, hay 64 concursos abiertos en el Consejo, uno de ellos cubrirá las vacantes en los tribunales de Comodoro Py, adonde se tramitan, entre otras, las causas contra funcionarios del Poder Ejecutivo.

El problema de las subrogancias es parte de otro conflicto entre el Gobierno y la Corte que parecía solucionado el año pasado luego de la aprobación de una ley específica para tramitar los reemplazos temporales en los juzgados hasta la designación de los jueces por concurso. En la ley, el Ejecutivo tenía la obligación de mandar una lista de subrogantes que aún hoy no llegó al Senado.

Fuente: criticadigital


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