Demuestran cómo fracasaron los planes alimentarios estatales

Para poder entender las causas de esas deficiencias nutricionales, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec, una organización no gubernamental) hizo una investigación .

Después de 25 años de democracia, nos pareció interesante evaluar las intervenciones que se habían hecho en este tema?, explica Daniel Maceira, director del Programa Salud del Cippec y responsable del estudio.

El principal insumo del trabajo fue la última Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de la Nación.

Los datos de ese sondeo dan cuenta de dicha inequidad: “Las provincias del Norte presentan peores condiciones socioeconómicas, como también nutricionales. En las del Sur los indicadores muestran datos menos alarmantes. Misiones y Corrientes tienen la mayor proporción de menores de seis años con bajo peso, y en Santa Fe y Corrientes están los mayores porcentajes de desnutrición crónica”, dice el informe.

Las conclusiones a las que arribaron los investigadores del Cippec parecen claras: “Luego de 25 años de acciones, no se ha logrado generar una articulación aceptable entre los distintos actores que participan en el diseño y la ejecución de dichas políticas”.

Según la investigación, las provincias del NEA y del NOA son las que tienen los mayores índices de mortalidad infantil en la franja de 1 a 14 años. También son las que ostentan mayores porcentajes de mortalidad materna y una población con necesidades básicas insatisfechas.

Pero la desnutrición no es el único problema señalado por los especialistas del Cippec: “La obesidad, producto de la malnutrición, es cada vez más importante en términos estadísticos. En este caso, también se manifiestan desigualdades entre las provincias. Los extremos los representan el Chaco, con la menor proporción, y Santa Fe, con la mayor del país”, afirma el estudio, que, además, destaca una supuesta paradoja. “Contrariamente a la creencia popular, los sectores de menores recursos son los más afectados por la obesidad, ya que no pueden acceder a alimentos cuantitativa y cualitativamente adecuados para una correcta nutrición.”

La anemia, otro problema derivado de la mala alimentación, también llama la atención: afecta principalmente a niños menores de dos años y a mujeres embarazadas.

Hay un punto clave en este tema: “La política de nutrición debería estar inserta en una política sanitaria porque hay un vínculo claro entre salud y nutrición. Los cortocircuitos de una estrategia conjunta reducen el impacto de la planificación nutricional y hacen que esa población demande más políticas de salud”, señala Maceira.

“La articulación entre los distintos actores que participan en el diseño y ejecución de las políticas para paliar esta situación se presenta como uno de los desafíos más importantes, así como la definición de mecanismos que permitan transferir capacidades a la población afectada más allá de estas intervenciones”, acotó Maceira.

Las bolsas de la discordia

Una de las principales críticas del estudio es el recurrente mecanismo de los distintos gobiernos democráticos para intentar solucionar estos temas: las bolsas con alimentos, que a juicio de los especialistas no resuelven la desnutrición crónica y, lo que es peor aún, favorecen la aparición de la obesidad infantil.

“Las bolsas con alimentos hacen que los chicos recuperen peso, los engordan y salen de las tablas de la desnutrición aguda, pero no revierten la situación en cuanto a la talla o a los problemas neurológicos y de desarrollo que implica una mala alimentación”, sostiene Maceira.

Pero, entonces, ¿cuál es el mecanismo ideal? Según Maceira, sin dudas es la distribución de alimentos frescos, pero es muy complejo desde el punto de vista operativo y necesita identificar las necesidades puntuales. “Por eso se fueron eligiendo otras acciones menos satisfactorias, que resuelven problemas de gestión pero no ofrecen una dieta balanceada -explica el experto del Cippec-. Como las cajas no se entregan con la frecuencia preestablecida, el valor nutricional que aportan sus componentes no resulta suficiente.”

Otra de las preguntas que se hicieron los investigadores era saber quién llevaba adelante los mecanismos para aplicar cada programa. Y encontraron que las organizaciones civiles, asociadas con el Estado, son las responsables de poner en práctica los proyectos. “Son flexibles y tienen un contacto directo con la gente, pero, una vez que se terminan los proyectos, el Estado y las organizaciones no consiguen articularse y no se logra capitalizar ese aprendizaje”, se lamentó Maceira.

Al mismo tiempo, los programas alimentarios tienen un reducido seguimiento y escasean las evaluaciones de impacto una vez finalizadas las acciones puntuales.

“La débil coordinación entre los tres niveles de gobierno (nacional, provincial y municipal) profundizó la ineficiencia en la aplicación de los programas por la superposición y la fragmentación de esfuerzos”, señala el estudio.

Y es concluyente: “Los programas alimentarios distan de ser eficaces en el logro de mejores condiciones nutricionales y continúan acentuándose las brechas de inequidad entre las provincias”.

Por Cynthia Palacios

Fuente: www.lanacion.com.ar

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