DENUNCIA PENAL COMPLETA DE MARIO CAFIERO Y MONNER SANS.

Un puñado de empresas transnacionales, se apropian de una sustancial diferencia, por información errónea de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y falta de control cruzado de AFIP y la ADUANA.

 

Señor Juez Federal:

 

         MARIO CAFIERO, ciudadano argentino, ex Diputado Nacional, también Ingeniero Industrial; y RICARDO MONNER SANS, ciudadano argentino, Presidente Honorario de la Asociación Civil Anticorrupción con sede en Santa Fe, también abogado inscripto al tomo 4, folio 455, constituyendo ambos domicilio en Cerrito 782, 4º piso, Ciudad de Buenos Aires, a V.S. decimos:

 

         Un deber de conciencia nos obliga a presentarnos ante V.S. para que disponga lo conducente a fin de que se investiguen aspectos que consideramos trascendentes y vinculados con el tema que se ha dado en llamar “Gobierno versus el Campo”.

 

Es que más allá de la soberbia del Gobierno y más allá de las medias verdades pronunciadas desde algunos representantes del Campo, creemos que no se ha profundizado en aspectos centrales.

 

El ruido ha impedido ir “a las cosas” (habría dicho Ortega y Gasset), impedimento que –de a ratos- no nos ha parecido casual.

 

         Venimos, pues, a promover la correspondiente acción penal para que se investiguen los temas que propondremos.

 

Unificamos en Mario Cafiero nuestra presentación a los fines de la ratificación correspondiente y a los fines de adjuntar pertinente documentación.

 

Un deber de lealtad intelectual, nos obliga a consignar aquí de la importancia del trabajo de investigación que también ha desplegado FRANCISCO JAVIER LLORENS, quien no firma esta tarea por vivir en la Prov. de Córdoba.

 

Es de público y notorio conocimiento de la solvencia desplegada por él en investigaciones destinadas a desentrañar las apariencias y profundizar en las realidades.

 

 Tras la ratificación, y para formar incidente por separado, habremos de promover posteriormente acción para que se declare la inconstitucionalidad del art. 204 del Código Procesal Penal y dada la trascendencia nacional que el tema de autos tiene, se nos habilite plenamente para revisar el expediente y colaborar en la investigación que –de seguro- harán con empeño V.S. y el Sr. Agente Fiscal.

 

         Demasiado descreída está la población de nuestro país en relación con la actividad jurisdiccional que se vincula con el quehacer de los poderes públicos, como para que no intentemos ayudar a desmontar el apuntado descreimiento.

 

La clandestinidad que de hecho permite el art. 204 del Cód. Procesal Penal –lo diremos oportunamente- se encuentra a contrapié de normas internacionales constitucionalizadas.

 

Una investigación que permita ir al fondo de un tema como el de autos, no puede quedar encerrada entre cuatro paredes.

 

O no puede acunar morosidades de a ratos inconcebibles.

 

           No es nuestra intención analizar las causales del dictado de la Resolución 125/08 de aumento de las retenciones móviles que diera origen al conflicto que ha conmocionado a país.

 

El tema se emparenta con un deterioro de un sistema impositivo distorsivo y centralista que afecta a todo la sociedad y al interior de nuestra patria en particular.

 

También por cierto, tiene que ver con las necesidades de caja del gobierno nacional, de aumentar el superávit fiscal más que de atender a las anunciadas intenciones de “distribución del ingreso”.

 

Sabemos que el gobierno ha decidido primero atender las necesidades de la deuda externa y que en un contexto de crisis internacional, al haber renegociado defectuosamente la deuda y al haberle pagado al Fondo Monetario Internacional “toda la deuda” como si fuera legítima, se está tomando deuda interna a una tasa tremendamente mayor.

        

         Nuestra intención no es judicializar estas decisiones políticas, sino intentar poner a la luz mecanismos mediante los cuales se transfieren formidables riquezas desde la producción y desde el interior hacia sectores concentrados transnacionales.

 

Nos referimos al puñado de empresas extranjeras que, con la complicidad o al menos aquiescencia del Estado Argentino, dominan el comercio exterior argentino.

 

         El ranking de todas las empresas exportadoras de la Argentina del año 2007 aparece encabezado por Cargill con ventas al exterior por u$s 4.317,6 millones; en segundo lugar se ubica Bunge con u$s 2.673,7; en tercer lugar se encuentra LDC Argentina (subsidiaria de Grupo Louis Dreyfus) con u$s 2.030,9 millones. Estas tres empresas cerealeras encabezan el ranking de todas las empresas exportadoras del país.

 

Un puñado de empresas cerealeras (que se completa con Nidera SA,  Noble Argentina (subsidiaria de Noble Grain) , ADM ARGENTINA SA y ACEITERA GENERAL DEHEZA SA)  maneja el negocio de la exportación de cereales de nuestro país.

 

1.- Las firmas  exportadoras cerealeras, a la luz de la documentación que proveeremos,  practican una conducta que implica liquidarle al productor un precio sustancialmente menor al vigente en los mercados internacionales (descontados los derechos de exportación y gastos de comercialización y flete correspondientes).

 

De esta manera un puñado de empresas, en su mayoría transnacionales, logran apropiarse de una sustancial diferencia, en base a la existencia de información erróneamente calculada y publicada oficialmente por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, y por la falta de control cruzado tanto por parte de la AFIP como de la ADUANA.

LEA AQUI LA DENUNCIA COMPLETA 

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