El tupé de Anibal Fernandez llegó a su fin

Los jueces enfrentan al ministro de Justicia

Dicen que una resolución suya dificulta investigar al poder

 Una resolución del Gobierno puso en estado de alerta a los jueces, que advierten que será cada vez más difícil investigar al poder.

Se trata de una directiva del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad, que dependen de él, que antes de responder y cumplir cualquier pedido del Poder Judicial se lo hagan saber.

Esto implica que toda orden de allanamiento, de secuestro de documentación o de traslado de un detenido deberá será notificada a Aníbal Fernández antes de ser ejecutada. Según los considerandos de la resolución, firmada el 29 de abril pasado, la medida apunta a centralizar la relación del ministerio con los juzgados y tendrá como resultado un cumplimiento más rápido y efectivo de las decisiones judiciales.

Los jueces no coinciden. “Esta es una manera de controlar que no se pueda investigar al poder político”, dijo el camarista Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más representativa de las agrupaciones de jueces.

“Una de las garantías de la eficacia de la instrucción judicial es la sorpresa. Si le avisan al acusado que van a ir a allanar su casa, va a sacar toda la documentación importante que haya”, advirtió Recondo.

No es la primera vez que la Asociación de Magistrados denuncia la intromisión del Gobierno en el Poder Judicial. Hace casi dos meses, en una entrevista con LA NACION, Recondo había afirmado que los jueces eran presionados, que se pretendía sojuzgarlos y que no estaban dadas las garantías para procesar a funcionarios en actividad.

Ahora, la Asociación de Magistrados analiza qué medidas tomar ante esta nueva resolución. Por lo pronto, convocó para hoy a las 16 a todos los jueces y fiscales penales para discutir el tema. “Después, tomaremos una decisión”, explicó Recondo.

Del Ministerio de Justicia dependen la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Los jueces necesitan a estas fuerzas para ordenar medidas tales como allanamientos, secuestros de documentación, traslados de detenidos y peritajes.

Lea la nota completa en:

Una resolución del Gobierno puso en estado de alerta a los jueces, que advierten que será cada vez más difícil investigar al poder.

Se trata de una directiva del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad, que dependen de él, que antes de responder y cumplir cualquier pedido del Poder Judicial se lo hagan saber.

Esto implica que toda orden de allanamiento, de secuestro de documentación o de traslado de un detenido deberá será notificada a Aníbal Fernández antes de ser ejecutada. Según los considerandos de la resolución, firmada el 29 de abril pasado, la medida apunta a centralizar la relación del ministerio con los juzgados y tendrá como resultado un cumplimiento más rápido y efectivo de las decisiones judiciales.

Los jueces no coinciden. “Esta es una manera de controlar que no se pueda investigar al poder político”, dijo el camarista Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más representativa de las agrupaciones de jueces.

“Una de las garantías de la eficacia de la instrucción judicial es la sorpresa. Si le avisan al acusado que van a ir a allanar su casa, va a sacar toda la documentación importante que haya”, advirtió Recondo.

No es la primera vez que la Asociación de Magistrados denuncia la intromisión del Gobierno en el Poder Judicial. Hace casi dos meses, en una entrevista con LA NACION, Recondo había afirmado que los jueces eran presionados, que se pretendía sojuzgarlos y que no estaban dadas las garantías para procesar a funcionarios en actividad.

Ahora, la Asociación de Magistrados analiza qué medidas tomar ante esta nueva resolución. Por lo pronto, convocó para hoy a las 16 a todos los jueces y fiscales penales para discutir el tema. “Después, tomaremos una decisión”, explicó Recondo.

Del Ministerio de Justicia dependen la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Los jueces necesitan a estas fuerzas para ordenar medidas tales como allanamientos, secuestros de documentación, traslados de detenidos y peritajes.

Una resolución del Gobierno puso en estado de alerta a los jueces, que advierten que será cada vez más difícil investigar al poder.

Se trata de una directiva del ministro de Justicia, Aníbal Fernández, que ordenó a las fuerzas policiales y de seguridad, que dependen de él, que antes de responder y cumplir cualquier pedido del Poder Judicial se lo hagan saber.

Esto implica que toda orden de allanamiento, de secuestro de documentación o de traslado de un detenido deberá será notificada a Aníbal Fernández antes de ser ejecutada. Según los considerandos de la resolución, firmada el 29 de abril pasado, la medida apunta a centralizar la relación del ministerio con los juzgados y tendrá como resultado un cumplimiento más rápido y efectivo de las decisiones judiciales.

Los jueces no coinciden. “Esta es una manera de controlar que no se pueda investigar al poder político”, dijo el camarista Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, la más representativa de las agrupaciones de jueces.

“Una de las garantías de la eficacia de la instrucción judicial es la sorpresa. Si le avisan al acusado que van a ir a allanar su casa, va a sacar toda la documentación importante que haya”, advirtió Recondo.

No es la primera vez que la Asociación de Magistrados denuncia la intromisión del Gobierno en el Poder Judicial. Hace casi dos meses, en una entrevista con LA NACION, Recondo había afirmado que los jueces eran presionados, que se pretendía sojuzgarlos y que no estaban dadas las garantías para procesar a funcionarios en actividad.

Ahora, la Asociación de Magistrados analiza qué medidas tomar ante esta nueva resolución. Por lo pronto, convocó para hoy a las 16 a todos los jueces y fiscales penales para discutir el tema. “Después, tomaremos una decisión”, explicó Recondo.

Del Ministerio de Justicia dependen la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Los jueces necesitan a estas fuerzas para ordenar medidas tales como allanamientos, secuestros de documentación, traslados de detenidos y peritajes.

 http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1020155&high=badeni

Finalmente esta resolución fue derogada:

http://www.urgente24.com/index.php?id=ver&tx_ttnews%5Btt_news%5D=102661&tx_ttnews%5BbackPid%5D=17&no_cache=1

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