La “censura indirecta”

Argentina sufre un manejo “abusivo” y “discrecional” de la publicidad oficial, que funciona como una “censura indirecta” sobre los medios de comunicación. Este problema aparece en muchos países de Latinoamérica, pero los intentos locales para regular la distribución de avisos no avanzan por falta de apoyo del Gobierno.

Esas son algunas de las conclusiones de El precio del silencio, un informe regional sobre publicidad elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y la Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta de Nueva York, que será presentado el próximo jueves 14 de agosto, informó el diario La Nación.

El estudio detalla la problemática en Argentina, Colombia, Perú, Costa Rica, Honduras, Chile y Uruguay. Todos los países sufren arbitrariedades en el manejo de la publicidad oficial, con la excepción de Uruguay.

Con diferentes magnitudes, hay problemas de abuso de la publicidad oficial en muchos países de América latina. Pero hay naciones, como Chile y Uruguay, donde desde el gobierno se está empezando a impulsar alternativas para regular las prácticas de distribución de la publicidad oficial”, explicó a La Nación Eleonora Rabinovich, directora del Programa Libertad de Expresión de la ADC.

La Cámara de Diputados de Chile creó una comisión investigadora en agosto de 2006, para investigar la distribución de la pauta oficial del gobierno de Michelle Bachelet. Apoyados por 54 diputados de distintos partidos, presentaron un informe el pasado octubre que llamaba a aprobar una ley urgente que regulara el reparto de la publicidad.

En Uruguay ya están más avanzados: el gobierno de Tabaré Vázquez estableció un procedimiento para la contratación de agencias de publicidad oficial y convocó a distintos sectores políticos y civiles para la elaborar un proyecto de ley.

Argentina sólo puede mostrar siete proyectos de ley sobre el tema, que descansan sin avances en el Congreso, y una ley provincial para Tierra del Fuego aprobada en febrero pasado. “Ninguno puede ser tratado debido a que los legisladores vinculados al partido oficialista no han dado quórum para las sesiones en comisión”, sostiene el informe.

Hay cuatro formas de “censura sutil”, según el informe publicado por La Nación: manejo abusivo de publicidad oficial para influir los contenidos de los medios; pagos directos a periodistas; discriminación en la asignación de publicidad oficial para favorecer a aliados políticos; y uso de la publicidad con fines propagandísticos. Este último método ocurre en Argentina, dice el reporte, donde el reparto de avisos depende del secretario de Medios Enrique “Pepe” Albistur.

“A pesar de las restricciones legales que rigen para la publicidad oficial en períodos de campaña, la gestión del presidente Néstor Kirchner aumentó su gasto en 2007 y dedicó generosos recursos a financiar avisos para promocionar su imagen en un año electoral en el que su esposa se postuló para la presidencia”, concluye el informe.

Fuente: www.perfil.com

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