No existe una ley que obligue al estado a dar información

 Un derecho constitucíonal que no tiene una ley que instrumente el pedido de información al estado y está basado sólo en un decreto.

Qué estamos esperando???

‘El pueblo quiere saber de qué se trata’. La Constitución Nacional garantiza desde 1994 el derecho a que todas las personas accedan a la información que está en manos del Estado. Sin embargo, como muchos otros derechos, no es ejercitado en forma masiva por los argentinos, ya que lo desconocen o no saben cómo aprovecharlo”, argumentan.

En la Argentina no existe aún una ley nacional de acceso a la información que reglamente este derecho de todos los individuos de solicitar información en los tres poderes del Estado. Sin embargo, sí hay un Decreto –el 1172– dictado por el Poder Ejecutivo en 2003, que garantiza el acceso a la información en su órbita. “La situación está a medio camino. Se avanzó en mejorar los procesos, pero falta la voluntad política para concretar una reforma a favor de la transparencia“, resalta Christian Gruenberg, director del Programa de Transparencia de CIPPEC.

Según estadísticas de la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia, sólo en 2007 se presentaron ante el Poder Ejecutivo Nacional más de 1.300 pedidos de acceso.

Para Eugenia Braguinsky, coordinadora del Programa de Transparencia del CIPPEC, tener un mejor estado depende de todos los ciudadanos. “Luego de casi 5 años de la entrada en vigencia del Decreto 1172/03, el Poder Ejecutivo cuenta con mecanismos establecidos que permiten acceder a información que antes no era sencillo conseguir. Sin embargo, aún es difícil lograr que los funcionarios entreguen información “sensible”. La difusión masiva de este derecho hacia la ciudadanía y un mayor compromiso por parte de los que tienen la obligación de proveer información, son materias pendientes. Asimismo, la promoción de una ley de acceso a la información pública que respete estándares y principios internacionales debería formar parte de la actual agenda legislativa”.

La ONG Poder Ciudadano, por ejemplo, realizó un pedido de información para averiguar si existía un registro de los regalos que habían recibido los Presidentes hasta la fecha. “Esta inquietud surgió luego de leer en el periódico que la Presidenta había recibido unos aros muy valiosos por parte de Evo Morales. A esto, se fueron añadiendo otros regalos, tales como la computadora que le obsequió el empresario mexicano Carlos Slim“, cuenta Julieta Arias, directora de Transparencia y Anticorrupcion de la ONG. “Gracias al Decreto 1172 pudimos saber que no existía un registro de regalos, a pesar de que esto está estipulado en la Ley de Etica Pública. Fue la misma Secretaría General de la Presidencia quien nos informó de esto, señaló al Ministerio de Justicia como responsable de dictar la reglamentación y agregó que la Presidenta estaba implementando su propio registro, en ausencia del que debería estar en funcionamiento“, advierte.

Fuente:
http://weblogs.clarin.com/plaza-publica/archives/2008/05/para_saber_de_que_se_trata_1.html#more

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