Por la Gripe A, algunos presos podrían volver a sus casas

La Gripe A golpea a todo el mundo. No conoce de límites a la hora de atacar y la pandemia genera la conmoción en cualquier sector. Los especialistas recomiendan que la gente evite estar en lugares cerrados, donde haya mucha gente junta. Las cárceles, entonces, parecen ser un sitio propicio para que el virus H1N1 se propague.

Es por eso que tres abogados presentaron ante la Justicia un recurso de hábeas corpus para pedir que se otorgue el beneficio del arresto domiciliario a una gran cantidad de presos y detenidos alojados en comisarías y cárceles bonaerenses, por considerar que las condiciones de higiene de los penales ante la presencia de la gripe A significa en realidad “una pena de muerte encubierta”.

El pedido fue realizado ante el Juzgado de Garantías 5 del Departamento Judicial de La Matanza por los abogados Ernesto Vissio, Gabriela Vissio y Andrea Quevedo Peluso. Según explicaron los abogados, si se aplicara la medida en todo el país, serían miles los presos que podrían contar con el particular beneficio.

El abogado Ernesto Vissio, uno de los que hizo la presentación, explicó que el pedido, realizado el pasado lunes, “no implicaría ningún riesgo para la seguridad del resto de la ciudadanía si el sistema carcelarlo ejerciera un control para cada detenido”.

Luego agregó que, “Las condiciones de higiene en las cárceles son pésimas, por lo tanto el riesgo de contagiar la gripe A en ese ámbito es muy grande, por eso entendemos que si las autoridades no quieren solucionar el tema y poner más atención en esta enfermedad, estas detenciones son una pena de muerte encubierta”

El habeas corpus lo pidieron en favor de los detenidos que reúnan las condiciones necesarias para recibir el beneficio, como pueden ser las mujeres embarazadas, las que tienen hijos pequeños, o presos con buena conducta que estén a punto de cumplir su condena.

En escrito presentado dice textualmente: “esta acción se presenta en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional, en amparo de todas las personas privadas de su libertad en jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, detenidas en establecimientos policiales superpoblados y de todas aquellas detenidas en comisarías, a pesar de que legal y constitucionalmente, su alojamiento debería desarrollarse en centros de detención especializados”.

El pedido a la Justicia argumenta además que “ambas situaciones constituyen agravamientos arbitrarios de las condiciones de detención legal, teniendo en cuenta las medidas creadas por el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Buenos Aires, hoy trabajando aunadamente con todos los ministerios de la Nación, en pos de la epidemia influenza H1N1”.

Los abogados solicitan que las autoridades “asuman su competencia de la situación, se repare la situación descripta y se determine un mecanismo que evite que se propague en forma irreversible una enfermedad que en estos momentos dadas las condiciones de detención se asimila a una pena de muerte encubierta, la que se encuentra terminantemente prohibida en nuestro ordenamiento jurídico”.

Fuente: online911

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