RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Sumario: El presente trabajo pretende ofrecer un esquema descriptivo de la responsabilidad de los establecimientos educativos y de los docentes. Un análisis del estado actual de la legislación, jurisprudencia y doctrina en cuanto a los daños causados o sufridos por sus alumnos. Se procura efectuar una señalización de los aspectos sustanciales de las modificaciones introducidas por la ley  24830 al Art. 1117 del Código Civil. La referida reforma impone al propietario del establecimiento una responsabilidad de carácter contractual y extracontractual en un mismo artículo; esto significa un avance en orden a la unificación de la responsabilidad civil. Comprende, de ahora en más, a los daños sufridos por los escolares no solamente los causados por ellos. Fundamenta la responsabilidad en un factor objetivo de atribución de responsabilidad, riesgo empresario o garantía, según las opiniones doctrinarias con la única eximente del caso fortuito. Para hacer efectiva esta responsabilidad se adopta una idea propuesta por  la doctrina en casos de responsabilidad objetiva y puesta en vigencia en países extranjeros: los establecimientos deben contratar un seguro de manera obligatoria. En definitiva, en nuestra opinión el nuevo texto se inscribe en una legislación de avanzada que respeta la realidad del sistema educativo y permite descomprimir la pesada obligación personal de los directores y maestros.   El nuevo artículo 1117 del Código Civil. Alcance de la reforma.

El texto actual dispone: “Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables por los daños causados o sufridos por sus alumnos menores cuando se hallen bajo el control de la autoridad educativa, salvo que probaren el caso fortuito.

Los establecimientos educativos deberán contratar un seguro de responsabilidad civil. A tales efectos, las autoridades jurisdiccionales dispondrán las medidas para el cumplimiento de la obligación precedente.

La presente norma no se aplicará a los establecimientos de nivel terciario o universitario”.

Según surge de la sola lectura, regula todo tipo de daños sucedidos en el ámbito escolar ya que quedan comprendidos en la disposición los “daños causados o sufridos por sus alumnos menores”[x].

Esto hace que la norma pretenda regular los daños que el alumno causa a otro (tercero o no al sistema educativo) (responsabilidad extracontractual por el hecho de otro) y a los daños sufridos por el alumno (responsabilidad contractual). Con ello da un paso adelante en el camino hacia la unificación.

A continuación analizaremos el artículo en sus diversos aspectos.

 

3.1. ¿ Quiénes deben responder ?

El texto actual dispone: “Los propietarios de establecimientos educativos privados o estatales serán responsables…”, y en su última parte excluye a los de nivel terciario o universitario.

Se reemplazó la responsabilidad subjetiva que recaía sobre los directores y maestros artesanos por la responsabilidad objetiva de los propietarios de los establecimientos educativos.

Pensamos que establecimiento educativo o centro docente puede ser entendido como la organización de tipo empresarial dedicada a la educación de los niños y adolescentes y que imparte conocimientos correspondientes a un nivel de enseñanza ya sea reglada o libre (caso de “academias” de toda índole), concepto que se ha de aplicar a cualquier tipo de establecimiento, con independencia de su carácter público o privado o “semi público”. Esta responsabilidad puede ser extendida a los centros docentes dedicados a la rehabilitación de menores, porque en ellos hay un sistema organizado de enseñanza o al menos está bajo el control de una autoridad educativa[xi].

Kemelmajer de Carlucci opina que por las palabras de la ley y los fines declarados puede entenderse que la ley contempla todos los supuestos en que la enseñanza se imparte a un menor a través de una organización de tipo empresarial que supone control de una autoridad. Así por ejemplo, la responsabilidad objetiva no afecta a una maestra de inglés que da clases particulares, pero sí a un instituto, organizado bajo la forma de empresa, que tiene una dirección o función equivalente[xii].

Creemos que la reforma ha entendido bien que los directores, al igual que todos los docentes son sólo dependientes de los propietarios de establecimientos educativos, ya sea el Estado o las empresas educativas privadas. Que son los propietarios quienes pueden tomar las medidas de organización y garantizar la seguridad de los terceros en el desarrollo de sus actividades y quienes asumen la obligación de seguridad que los obliga a responder directa y objetivamente ante cualquier daño que puedan sufrir los alumnos. No significa esto que se excluya la reponsabilidad de derecho común que tienen los dependientes de esas personas jurídicas. La víctima podrá accionar contra el maestro o director, pero tendrá que probar la culpa si acciona conforme al art. 1109. La responsabilidad objetiva la tiene el establecimiento educativo, no el director o maestro.

El Diputado Enrique Mathov, (autor de un proyecto de ley que resultó fuente inmediata de la ley 24.830), aclara en un escrito publicado tiempo atrás algunas de la ideas ejes de la resolución adoptada[xiii].

La norma parte de la premisa de que entre los representantes legales de los alumnos y los propietarios de los establecimientos educativos privados o estatales existe un vínculo jurídico preexistente que hace emerger una responsabilidad de naturaleza contractual por los daños sufridos por los alumnos[xiv].

Esto había sido resuelto así por nuestros tribunales: “La responsabilidad contractual se distingue de la responsabilidad extracontractual no necesariamente por la existencia efectiva de un contrato del que el autor del daño hubiera incumplido su obligación, sino puramente por la existencia de una concreta obligación preexistente, cualquiera sea la fuente…”[xv].

La ley comprende a los establecimientos educativos tanto públicos como privados. Permite dejar de lado una discusión doctrinaria originada por el carácter público o privado de la institución. En general se acepta que si el establecimiento es privado, la responsabilidad emergente es contractual; pero si el establecimiento es estatal la doctrina se divide en dos posiciones antagónicas: para un sector la responsabilidad del Estado es extracontractual[xvi], mientras que el otro no diferencia entre establecimientos públicos y privados, y sostiene que ambas son contractuales. La disposición normativa adopta el segundo criterio; no hace distingos y da por sentado un vínculo jurídico preexistente que hace nacer una responsabilidad contractual, ya sean instituciones privadas o estatales, gratuitas u onerosas. Aunque la educación se imparta en forma gratuita, el vínculo jurídico existe, se tratará de un contrato gratuito, que igualmente sienta prestaciones obligatorias para ambas partes.

Conclusión

Las modificaciones introducidas permiten suponer que representarán para los directores de escuela y docentes comprendidos, una liberación de la angustia que en algunos aspectos perturbaba su actividad profesional. La amenaza de tener que enfrentar una demanda judicial por cualquier accidente que pudiera ocurrir en el desarrollo de la tarea educativa sin duda influía en sus ánimos. Las experiencias formativas fuera de los edificios escolares o la organización de viajes recreativos se vieron afectados ante la comprensible negativa docente a realizarlos. Por otra parte presumir culpa en la vigilancia por parte de quienes tienen a su cargo el cuidado de elevado número de niños y adolescentes, resultaba excesivo y alejado de la realidad.

Por ello, nuestra opinión es favorable a la solución adoptada. Resulta ponderable la idea fundante del cambio legislativo, ya que resulta acorde al sentir social.

Para los maestros y directores de escuela sin duda significa una tranquilidad, que se reflejará en su quehacer profesional y mejorará su desempeño. Esto no significa que ellos se vean desententidos de las consecuencias de un actuar descuidado, negligente, ya que continuarán respondiendo por el hecho propio en virtud del art. 1109 del Código Civil en la medida en que las víctimas quieran accionar en su contra; no se ha tratado de generar islas de impunidad, que pudieran llevar a relajar el sistema educativo. También, opera la acción de reintegro prevista en el art. 1123 cuando el daño es consecuencia del actuar culposo o negligente del agente.

Si bien los accidentes escolares no son lo habitual, la posibilidad de que acontezcan exige extremar las precauciones. Los establecimientos educativos deben adoptar medidas de organización racionales de acuerdo al tipo de actividad que se desarrolle; acentuarse los controles en las horas de esparcimiento o actividad física o en las que se utilicen elementos potencialmente peligrosos.

Por otra parte confiamos en la prudencia de nuestros jueces, al momento de establecer técnicamente la causalidad con criterio científico, para evitar que bajo la idea de la existencia de seguro de responsabilidad se extienda la responsabilidad a supuestos extraños a la actividad.    Fuente:http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/argentina/cijs/SEC4001A.HTML

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